El gobierno interino de Venezuela presentó la reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional, aprobada esta semana por la Asamblea Nacional, como la solución para superar la crisis energética que afecta al país. La presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó ante los empresarios que la nueva normativa permitirá la participación privada en generación, transmisión y distribución, mientras que el ministro de Energía Eléctrica afirmó que buscan fomentar la competitividad y atraer inversiones para fortalecer la infraestructura eléctrica del país.
Sin embargo, un análisis realizado por el think tank Cedice-Libertad revela que el texto contiene limitaciones significativas que perpetúan el control estatal. La ley mantiene la reserva exclusiva del Estado sobre la generación hidroeléctrica en cuencas específicas, la transmisión troncal y la distribución en áreas estratégicas, lo que bloquea estructuralmente la competencia y refuerza un monopolio estatal con privilegios explícitos hacia empresas y cooperativas del poder popular.
Otro aspecto problemático identificado es el artículo 31, que exige a las empresas operadoras transferir todos los bienes incorporados a la Corporación Eléctrica Nacional sin especificar un mecanismo claro de compensación por el valor no amortizado. Esta disposición introduce incertidumbre sobre la protección patrimonial de los inversores privados que podrían participar en el sector eléctrico venezolano.
La evaluación concluye que a pesar de los discursos de apertura del gobierno, la reserva estatal de actividades completas, la necesidad de concesión ministerial discrecional para generación superior a 50 megavatios y la prioridad otorgada a la empresa operadora estatal sustituyen ampliamente la iniciativa privada por decisiones estatales en los segmentos más relevantes del sistema, perpetuando así el centralismo que ha caracterizado al sector eléctrico venezolano.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
